La valenciana es la primera comunidad autónoma que solicita el
rescate al Gobierno. El Consell ha puesto hoy en marcha la solicitud al
aprobar formalmente su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
previsto por el Gobierno para que las autonomías
puedan atender sus compromisos financieros ante la falta de liquidez de los mercados.
Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz del Consell,
José Ciscar,
tras la reunión semanal del Gobierno que preside Alberto Fabra. Ciscar
no ha precisado la cuantía, pese a que en la última semana han surgido
especulaciones que hablan de 3.000 millones de euros, aunque sí ha
reconocido que la cantidad que se solicitará al Ministerio de Hacienda
será para hacer frente a pagos pendientes, como la factura farmacéutica,
además de afrontar vencimientos de préstamos.
Tras la rueda de prensa del Consell, José Ciscar ha afirmado en un
tuit: "La Comunidad Valenciana no ha tenido ningún rescate. Se acoge a
un mecanismo de financiación al que acudirán más comunidades autónomas
en los próximos días, sin más ajustes".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha negado inicialmente
esta tarde. "No sé de dónde sale eso", ha dicho. Pocos minutos después,
ha reconocido que se trata de la solicitud de adhesión al mecanismo de
liquidez aprobado para facilitar a las comunidades autónomas su
financiación y que "obligará a nuevas condiciones" a la Comunidad
Valenciana.
La Generalitat insiste en que no se trata de un rescate porque
mantiene su autonomía sobre las decisiones económicas de la
administración valenciana, aunque admite que el Ministerio de Hacienda
solicitará el cumplimiento de las condiciones previstas en el mencionado
fondo de adhesión. En una nota posterior, insiste en que, ante "las
falsas informaciones aparecidas hoy" en algunos medios de comunicación,
la Comunitat Valenciana "no ha pedido ningún rescate".
El ejecutivo valenciano, añade la nota, "lamenta el interés de
algunos sectores de la sociedad por desprestigiar constantemente a la
Comunidad Valenciana, que sigue trabajando para continuar reduciendo el
déficit público y contribuir con ello a que España pueda cumplir su
objetivo".
La decisión de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica es previa
para que la Comunidad Valenciana pueda ser rescatada por el Gobierno
que, a cambio, incrementará la tutela sobre las cuentas de la
Generalitat y, previsiblemente, obligará al Consell a adoptar nuevos
sacrificios.
Ciscar ha admitido que el Gobierno valenciano tendrá que informar
mensualmente al Ministerio de Hacienda de sus operaciones financieras.
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, no ha comparecido tras la
reunión del Consell y ha sido el portavoz el único que se ha sometido a
las preguntas.
Císcar ha asegurado que esta adhesión no implicará "nuevos ajustes en
2012" y ha explicado que lo que está previsto es "el cumplimiento
estricto" del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano el
pasado mes de abril, y que garantiza que no se superará el límite del
1,5 por ciento del déficit.
El Consejo de Ministros creó el pasado 13 de julio este fondo, que
cuenta con un importe de 18.000 millones de euros y se trata de un
mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden acogerse
aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.
La Comunidad Valenciana ha sido una de las más castigadas por el
cierre de los mercados financieros en el último año. Desde que el pasado
mes de diciembre tuvo que pedir ayuda al Gobierno central para afrontar
un vencimiento de un crédito de 123 millones de euros del Deustche
Bank, La Generalitat valenciana se ha convertido en la primera autonomía
que se ha acogido a todos los fondos dispuestos por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy para evitar que las regiones cayesen en una situación de
quiebra técnica.
La falta de liquidez para afrontar el crédito del Deustche Bank en
diciembre, que no quiso renovar el préstamo, obligo al Gobierno a
adelantar parte de las transferencias previstas para el primer trimestre
de este año. A raíz de esta situación, se dispararon todas las alarmas
en el Ministerio de Hacienda, que tuvo que arbitrar una línea de crédito
con la que cubrir los vencimientos de los créditos a los que no podían
hacer frente las autonomías.
El Consell, que preside Alberto Fabra, fue uno de los primeros
Ejecutivos autonómicos en acogerse a citado plan y el pasado mes de
enero pidió 1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial
(ICO) para afrontar vencimientos. Una cantidad que pronto se demostró
insuficiente.Tanto que la Generalitat llegó a ofrecer tipos de interés
al 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones de euros a seis
meses a inversores institucionales extranjeros. Un tipo superior al que
pagaban países rescatados como Grecia y Portugal.
Con los mercados cerrados y la deuda pública de la Generalitat
valenciana al nivel del bono basura, según las principales agencias de
calificación, los consejeros de Hacienda, José Manuel Vela, y de
Economía, Máximo Buch, se vieron abocados a reclamar al Gobierno una
ampliación de la línea abierta por el Gobierno y pidieron otros 1.678
millones de euros para aliviar la presión de los bancos.
Para desbloquear la pelota de las deudas pendientes de pago a los
proveedores acumuladas en las Administraciones autonómicas, el Gobierno
también arbitró un plan especial el pasado mes de abril. Y la Comunidad
Valenciana volvió a evidenciar la magnitud de sus problemas de liquidez.
La Comunidad Valenciana presentó facturas por importe de 4.069 millones
de euros, entre los que incluyó 1.850 millones de gasto sanitario no
presupuestado. En total, el 23,6% de los solicitado al Gobierno por el
conjunto de las autonomías españolas, y casi el doble que Andalucía.
Este segundo plan, arbitrado la pasada primavera, fue recibido con
optimismo por el Ejecutivo de Alberto Fabra, que desbloqueó así facturas
pendientes de pago desde hacía más de dos años. Sin embargo, la
Generalitat valenciana, tal y como siempre ha dicho el consejero de
Hacienda, necesitaba los hispanobonos para normalizar su situación, ya
que todavía tiene pendiente la deuda contraída con los ayuntamientos
valencianos y las subvenciones a los colectivos que reciben subvenciones
o pago de de servicios a través de convenios.
La negativa del Ministerio de Hacienda ha optar por la vía de los
hispanobonos y, en vez de ellos, articular un Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) ha puesto a la Comunidad Valenciana en el disparadero,
que aceptará las condiciones adicionales que imponga el Gobierno tras
haber presentado un duro plan de recortes que incluye la privatización
de la toda la gestión no asistencial de la sanidad pública.
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