Día clave para el campo andaluz. Andalucía llega a la
conferencia sectorial de Agricultura, que se celebra hoy y mañana en
Madrid, con las espadas en alto, dispuesta a pelear hasta el último
euro. Los cálculos de la Consejería sitúan entre 458 y 724 millones el
dinero que la comunidad perderá por la reforma de la PAC (Política
Agrícola Común) en los próximos siete años. Hay mucho en juego. La
reunión está fijada para las cinco de la tarde y aunque fuentes
gubernamentales estiman que puede acabar en acuerdo esta misma noche,
los expertos andaluces dudan de que se consiga cerrar los flecos
pendientes en esta jornada.
Se trata de finalizar el reparto de los fondos asignados
por Bruselas entre las distintas comunidades españolas. La delegación
andaluza acude con el respaldo de todas las organizaciones agrarias, que
han rechazado la última propuesta que les presentó el Ministerio de
Agricultura.
Andalucía va a recibir, redondeando, los 2.000 millones
previstos. De estos, 1.600 son de ayudas directas, que quedaron cerradas
el pasado julio, cuando Luis Planas ocupaba la consejería, otros 100
millones de euros son medidas de mercado, que se fijan en función de los
precios y son imprevisibles, y 300 se dedican a desarrollo rural, ahora
en discusión.
El Ministerio de Agricultura ha planteado tres modelos
diferentes, sobre los que se discutirá en la conferencia sectorial, y
los cálculos de la Consejería estiman que supondrán un bocado a la
asignación andaluza en cualquier caso, aunque su dimensión varía entre
el 26,5%, en el peor de los escenarios, hasta el 24% o el 20%, en el más
favorable de los presentados. De ahí, explican, la amplia horquilla del
cálculo de pérdidas que han presentado.
Esta cantidad incluye 290 millones menos en las ayudas
acopladas, destinadas a sectores con especiales dificultades o en riesgo
de desaparición, dentro del Pilar Uno, y de entre 168 y 434 en el Pilar
Dos, según estos modelos planteados.
En ascuas
Aunque el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha
opinado que las diferencias son mínimas en cuanto a cantidades, los
negociadores andaluces están en ascuas, pues la doctrina oficial del
Gobierno de Madrid es que la comunidad se vio beneficiada por el
anterior marco, negociado bajo un gobierno socialista, y además se ve
presionado por sus propios 'barones' territoriales.
La consejera, Elena Víboras, reunió la pasada semana a las
organizaciones agrarias, que firmaron un manifiesto para respaldar sus
posiciones. La Mesa de Interlocución Agraria, dice el texto, cree
«irrenunciable» el mantenimiento del importe total de la ficha
financiera de ayudas directas percibidas por los agricultores y
ganaderos andaluces en el periodo 2007-2013, tanto como el presupuesto
total percibido por la comunidad autónoma en concepto de desarrollo
rural. Rechaza la propuesta presentada sobre desacoplamiento y ayudas
asociadas, ya que «el Ministerio no ha atendido la petición de Andalucía
de que se aplique este tipo de ayudas, pensadas para sectores con
especiales dificultades o en peligro de desaparición a cultivos tan
representativos en la comunidad autónoma como el olivar en pendiente,
los frutos de cáscara o la uva pasa».
En el escrito se pide además al Ministerio que para el
reparto de los fondos del segundo pilar (desarrollo rural) se tengan en
cuenta los índices de desempleo en las zonas rurales y se utilice el
indicador de población rural establecido en la Ley de Desarrollo
Sostenible o la metodología de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) a nivel municipal.
Es viejo que la gran distribución está utilizando el aceite de oliva como uno de esos productos reclamo donde, casi siempre, hay una marca propia o de fabricante en oferta para atraer a la cesta de la compra, en algunos casos con ventas a pérdidas sin que tanto Defensa de la Competencia como Comunidades Autónomas hayan dado los pasos mínimos para evitar este tipo de prácticas ilegales. Pero, desde hace unos meses, la gran distribución, además de tener al aceite como producto reclamo, habría decidido tener también al aceite como recurso para hacer negocio sin repercutir la bajada registrada en origen y en el precio de venta de las industrias. En el fondo, un juguete manejado según lo requiera la ocasión o los intereses del grupo.
Hace unas fechas entró en vigor la nueva Ley impulsada por Agricultura para la mejora de la Cadena Alimentaria por la que, en teoría, se busca clarificar todos esos procesos para acabar con la posición dominante de la gran distribución. Las dudas sobre su futura eficacia surgen cuando hoy ya hay normas suficientes para atajar este tipo de prácticas y tanto Economía como las Comunidades Autónomas miran para otra parte para perseguir las ventas a pérdidas que no se contemplan específicamente en esta Ley.
En línea con la búsqueda de una mayor transparencia en el sector, Agricultura, organizaciones agrarias, industrias y los grupos de la gran distribución, acaban de firmar además un convenio por el que todas las partes se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar la calidad del aceite de oliva y, sobre todo, para la promoción y la información sobre el mismo a los consumidores como un producto en el segmento alto de calidad. Era necesario ese convenio, un viejo empeño de Arias Cañete para tratar de implicar a la gran distribución en la problemática de la producción, y no será fácil ver resultados inmediatos, dados los vicios existentes. España es, con diferencia, el primer país productor de aceite de oliva del mundo, pero una gran parte de la población no sabe distinguir sus tipos y la riqueza de variedades con sus cualidades específicas, desde los suaves de arbequina catalanes u hojiblancas andaluces, a los fuertes como cornicabra en la zona centro, el picual en Jaén o los amargos extremeños. Se trata de un convenio similar al suscrito hace un año por las mismas partes para apoyar unos precios sostenibles que permitieran una rentabilidad de las explotaciones ganaderas, e ir eliminando la leche como ese producto reclamo barato y banalizado. En el caso del aceite, el convenio no cita textualmente ese objetivo, pero todo el mundo coincide que el reto es el mismo: no banalizar el precio del aceite cómo y cuando le interese a un grupo de distribución en sus guerras de sector y apoyar su demanda desde la información.
Con el permiso de la gran distribución y por la propia imagen de calidad y respeto al esfuerzo de los productores, la leche no puede valer menos que el agua, aunque ésta se venda en un continente de cristal de diseño, ni un aceite se debería vender a menos del precio en origen por su calidad y como alimento saludable. Es una imagen de calidad y producto diferenciado que se trata de ofrecer en el exterior para ganar mercados y a un mayor precio. Pero, en casa de herrero, cuchillo de palo….Y no se puede pedir que chinos, japoneses o norteamericanos lo paguen y lo encumbren en los altares de la gastronomía, cuando aquí lo tiramos por los suelos y ha sido el juguete en las batallas de la gran distribución en medio de la indiferencia oficial, algo que ahora trata de cambiar Agricultura.
Y, al final, ¿cuánto vale un litro de aceite de oliva? Una cifra ligada a sus costes de producción, a los mercados, o lo que fije en cada momento la gran distribución? ¿Nos engañan cuando lo venden muy barato, cuando lo venden caro, o en ambos casos? Sería bueno que funcionara ese convenio aunque, en el caso de la leche, el resultado no ha sido para tirar cohetes y que, por otra parte, con la Ley de la Cadena Alimentaria , ya en vigor, se lograra una mayor transparencia en la formación de los precios.
(*)Para eleborar un litro bastan 0,916 kilos de aceite