Produce habitualmente el 20 por ciento de todo el aceite de
oliva del mundo y el olivar supone el 18 por ciento de su PIB pero la
sequía ha hecho estragos en la última campaña y la producción se ha
reducido en más de un 80 por ciento, con consecuencias nefastas para las
más de 100.000 familias que directa o indirectamente viven en Jaén del
oro líquido y, por extensión, para sus municipios.
Instituciones y jornaleros llevan meses reclamando que Jaén
necesita más que nunca una solución que palie la amarga situación de
los trabajadores del campo, incapaces de reunir los jornales mínimos
necesarios para poder acceder a la prestación por la renta o el subsidio
agrario. Su petición pasa por la eliminación de esos mínimos exigidos o
por un Plan de Empleo Extraordinario como el que tienen comunidades
como Extremadura o Canarias.
La respuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
asegurando que "ningún trabajador del campo" se quedaría sin recibir la
prestación por las circunstancias de la sequía, pareció en su momento
esperanzadora pero meses después algunos de esos trabajadores han
empezado a recibir las resoluciones que les niegan esa prestación y en
las que se argumenta, precisamente, que no reúnen las peonadas mínimas
exigidas.
La situación es más grave si cabe en el caso de las
mujeres, que ven cómo, ante el gran número de demandantes de peonadas,
los empresarios contratan en primer lugar a los hombres. Ellas quedan
relegadas a echar los jornales con el denominado PER --actual Profea--,
el programa de inversiones para que los ayuntamientos ofrezcan jornales a
los trabajadores agrarios eventuales en servicios como limpiezas de
calles o edificios municipales, mejoras de aceras, alumbrado o
infraestructuras, entre otros.
Sin embargo, su solución tampoco está ahí porque si
anteriormente lo normal era que un trabajador fuera llamado una vez al
año para echar las peonadas del PER, actualmente los demandantes son más
y en muchos municipios los jornaleros tienen que esperar tres años para
volver a ser llamados. De ese modo, sin haber sumado ningún jornal, o
pocos, en el campo y con inciertas posibilidades de poder acceder a los
del ayuntamiento, para muchas mujeres es imposible acercarse a lo
exigido para cobrar la prestación.
Las jornaleras cuentan que se sienten "engañadas" por las
promesas de Báñez y también "desahuciadas" socialmente por la
imposibilidad de acceder a los jornales y con ello, a unos ingresos
mínimos.
En Jódar, donde 4.000 de sus 12.000 vecinos dependen de las
campañas agrarias, la situación es un "drama", mantiene su alcalde,
José Luis Hidalgo, que en febrero llegó caminando desde el municipio al
Palacio de la Moncloa de Madrid para hacerle llegar al Gobierno las
demandas de los trabajadores del campo.
Hidalgo recibió una respuesta "protocolaria" pero "sin
resultado por parte del Gobierno", aunque productiva desde el punto de
vista de la "sensibilización social". Advierte de que no cesará con sus
protestas porque no todo cabe "bajo el impermeable de la crisis" y
porque el Ejecutivo "tiene que ser sensible y estar con quien lo
necesita".
Sobre esa "sensibilización" que defiende el regidor
trabajan muchos representantes políticos de ayuntamientos o Diputación. Y
es que, dar a conocer la realidad del campo y de los sistemas de
protección y prestaciones de los trabajadores agrarios es toda una lucha
para ellos, empeñados en la necesaria eliminación de los prejuicios que
"encima de Despeñaperros" se tiene de ellos y que ha sido en numerosas
ocasiones utilizada para desprestigiar a los andaluces y como motivo de
confrontación política.
Los ayuntamientos de la comarca de La Loma son ejemplo de
que el PER es una inversión, que se aprovecha y que se "estira" hasta
hacer "milagros". Alcaldes como el de Rus, Manuel Hueso, cuentan cómo
con ellos se han urbanizado y pavimentado calles, se ha construido una
guardería, instalaciones deportivas e infraestructuras industriales,
entre otras muchas, algo que habría sido "imposible" de no ser por esas
inversiones.
El regidor señala que ahora, el Plan de Empleo de la
Diputación, dotado con un montante total de 7 millones de euros y por el
que Rus recibe para 2013 75.000 euros "viene a ser un PER
extraordinario", el que tanto han reclamado al Gobierno central los
alcaldes, una inyección de oxígeno para que los municipios puedan seguir
ofreciendo servicios y creando empleo y, con ello, manteniendo la
población en el territorio.
A lo largo de los años, con los fondos del PER, en Sabiote y
Torreperogil, además del mantenimiento de calles y servicios públicos,
se han puesto los cimientos de una residencia de ancianos --a punto de
inaugurarse-- y de una guardería municipal, en el caso del primero, y se
ha creado una ludoteca y un vivero de plantas ornamentales para
abastecimiento municipal que prevé servir para formar a trabajadores y
expandir negocio, en el segundo.
Sus regidores, los socialistas Luis Miguel López y Josefa
Caballero, respectivamente, coinciden en destacar la relevancia de los
fondos para que los municipios rurales puedan contar con una serie de
servicios básicos y, a la vez, ofrecer algo de trabajo.
Esa también ha sido la filosofía de los gobiernos
municipales de Bédmar, que hace décadas pusieron freno a la emigración
temporal de su población y a la desestructuración familiar que ella
suponía diversificando su agricultura y promoviendo, a través de fondos
del PER, el cultivo y producción de espárrago.
Ese impulso a los nuevos cultivos y a la reactivación
económica municipal hoy da empleo a más de 200 personas a través de la
conservera familiar Congana que desde Bédmar produce un millón de kilos
de espárrago, de los cuales el 20 por ciento se exportan en fresco para
Alemania, Francia o Suiza y el 80 por ciento se consume en conserva en
el mercado nacional.
Los fondos del PER también han servido en Bédmar para el
acondicionamiento del entorno de uno de sus edificios más emblemáticos,
el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, la
de mayor extensión de toda la Unión Europea, con 61.000 hectáreas.