El Supremo decide por unanimidad declarar culpable al juez del delito de prevaricación
La sentencia supone el fin de la carrera del magistrado de 57 años de edad
El juez Baltasar Garzón. / Foto: Javier Soriano (AFP) | Video: Atlas
El Tribunal Supremo ha puesto hoy fin a 31 años de
carrera judicial de Baltasar Garzón. El juez más mediático y
controvertido, azote de terroristas, narcotraficantes y dictadores, se
va por la puerta de atrás, condenado por prevaricación, el peor de los
delitos que se le puede imputar a un magistrado. La Sala de lo Penal le
ha castigado con once años de inhabilitación por los delitos de
prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la
interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los
principales imputados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados.
La sentencia -
la primera de las tres causas que tiene-
fue aprobada por unanimidad por los siete magistrados que compusieron
el tribunal y, además de la expulsión de la carrera, condenó al juez a
pagar una multa de 2.500 euros y las costas procesales de la acusación
particular, ejercida por los abogados Ignacio Peláez, José Antonio
Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo. Estos dos últimos son los letrados
que defienden a Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama
corrupta que afectó a altos cargos del Partido Popular.
La condena supone la "perdida definitiva" de la condición
de juez de Garzón, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional. El tribunal sostiene que Garzón, al
ordenar la grabación de las conversaciones carcelarias, ha adoptado una
resolución injusta y ha restringido el derecho de defensa de los
imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente
aceptable". "La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo
Justicia", afirma la sentencia, que también señala que
Garzón admitió "prácticas
que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes
totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la
información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
El precio de la verdad
Este no es el único reproche que el Supremo realiza al
magistrado a lo largo de los 68 folios que tiene la sentencia, ya que
insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos
fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí
misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a
cualquier precio". De esta forma, continúa la resolución, de la que ha
sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, Garzón prescindió de las
mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtió las
previsiones constitucionales y legales "en meras proclamaciones vacías
de contenido".
Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de
la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo, la sala
indica que Garzón vulneró el Estado de Derecho, ya que a pesar de no
existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus
comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados,
fueran quienes fueran. La sentencia, contra la que no cabe recurso,
está firmada por los magistrados Joaquín Giménez, que ha presidido el
tribunal durante el juicio, Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero
-ponente-, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y
Manuel Marchena.
Una vez que le ha sido comunicada la resolución, Garzón
ha abandonado la sede del alto tribunal, con semblante serio y sin hacer
declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, personaron
cercanas aseguraron que se encontraba “literalmente hundido”.
Precisamente, el abogado del hasta hoy juez,
Francisco Baena Bocanegra,
ha señalado que su cliente está "desolado". "Puede usted imaginárselo:
Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se
ha acabado. Es para estar desolado. Confieso que yo participo de su
desolación y dolor", ha añadido, según informa la agencia Efe.
Ahora, el Consejo General del Poder Judicial esperará a que se le notifique formalmente
la sentencia condenatoria
para ejecutar el fallo, expulsar al juez de la carrera y convocar su
plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que cubre actualmente
Pablo Ruz de forma interina. Según informaron fuentes del Consejo, esta
institución podría recibir entre esta tarde y mañana viernes la
sentencia.