El Gobierno de España fija un plan para lograr las ayudas de Europa

Jueves, 07 de Julio de 2011 11:15 Diario JAEN JAÉN - NOTICIAS LOCALES

 

Olivares. Finca dedicada a la producción de aceituna de almazara en el término municipal de Torredelcampo. AGUSTÍN MUÑOZ

Enrique Alonso / Jaén
El Gobierno de España tiene los ejes de su discurso en la Unión Europea en la negociación para reformar la Política Agraria Comunitaria (PAC) en un documento que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Será la “hoja de ruta” de la postura que se fijará en Bruselas. España quiere llegar con las ideas muy claras a la negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC). La Comisión Europea (CE) presentó, la pasada semana, un documento en el que fijaba el presupuesto y, a la par, garantizaba las subvenciones hasta 2020. En cambio, ahora queda un “largo camino” de reuniones de los ministros de Agricultura de los 27 países y debates técnicos para elaborar el reglamento que determinará las ayudas que recibirán los agricultores de la Unión Europea y los sistemas para controlar el mercado —que han de compaginar la competencia, la rentabilidad del campo y la provisión de alimentos de calidad a los habitantes del “viejo continente”—.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha elaborado un documento —al que ha tenido acceso Diario JAEN—, que será su postura de partida en las negociaciones que se desarrollarán en Bruselas cuando acabe el verano. El Gobierno de España coincide con la Unión Europea en que la reforma debe dirigirse a orientar la producción agrícola a lo que demanda el mercado y que se erija como generadora de recursos para las familias europeas. Por ello, entiende la idea de equilibrar las ayudas entre los estados miembros —pese a que no favorece a España— y potenciar el carácter medioambiental. Por ello, defenderá que los cambios de la Política Agraria Comunitaria han de realizarse bajo las premisas de mantener los pagos directos a los productores —Jaén es la provincia europea que más recibe—, establecer medidas para que en el mercado convivan la competencia y un orden básico y planes de desarrollo rural.
De ahí que el Gobierno de España solicitará a la Comisión Europea y al resto de países que el dinero de la PAC se reparta bajo criterios que los contribuyentes entiendan con facilidad. No quieren que haya ciudadanos europeos que se molesten porque su vecino agricultor recibe, cada año, dinero que proviene de sus impuestos. Además, considera que los pagos se han de repartir de una manera equitativa y pedirá, sobre todo, pragmatismo —entendido como eficacia— en los criterios de distribución.
Asimismo, lleva una propuesta bastante novedosa, que consiste en apoyar con más intensidad a los agricultores activos o, dicho de otro modo, profesionales. Por ello, pedirá a la Unión Europea que dé una ayuda básica a la renta, que establezca componentes ecológicas y que arrope a las zonas que tienen limitaciones o problemas específicos —por ejemplo, el olivar de sierra que no es igual de competitivo que el de la campiña—. El documento establece que España demandará que exista un límite máximo para los grandes latifundios —que los grandes perceptores de ayudas tengan un tope— y, por contra, que puedan recibir más dinero público los agricultores que, por su actividad, den más jornales.
aspecto ambiental. España coincide con la idea de la Unión Europea en materia ambiental, por lo que no se opondrá a que aumenten las exigencias de respeto al medio ambiente. Además, habrá cláusulas que tendrán en cuenta la lucha contra el cambio climático y exigencias que se tendrán que cumplir y se revisarán todos los años. Además, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino pedirá apoyos adicionales para zonas con dificultades especiales, como el olivar de sierra, o particularidades sociales y económicas. De ahí que pedirá a la Unión Europea que se pueda establecer un complemento a la ayuda que recibe.
El Gobierno de España insistirá en la necesidad de regular los sistemas de regulación de los mercados. Lleva como “caballo de batalla” el almacenamiento privado, que, a juicio del Ejecutivo, no ha funcionado, pese a la situación crítica que viven los productores. Además, demandará ayudas específicas para los pequeños agricultores, pero vinculadas a mejorar la competitividad de sus fincas y revitalizar los pueblos.