Con el nuevo decreto de la Junta de
Andalucía, la mayoría de la casas podrán ser regularizadas y podrán
inscribirse en el Registro de la Propiedad
12.01.12 - 01:38 - JOSÉ M. LIÉBANA jmliebana@ideal.es | JAÉN.
De cada diez viviendas construidas en suelo no
urbanizable, ocho serán regularizadas, una se podrá legalizar y la obra
deberá ser demolida por estar en suelo protegido o inundable. Así lo
anunció ayer la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, después de
que el Consejo de Gobierno andaluz aprobara el decreto que intenta
regular la situación de estas viviendas, 5.000 en el entorno de la
capital jienense y 250.000 en toda Andalucía, y poner fin a lo que
denomina un «fenómeno del pasado». Todos los municipios de la provincia
han visto crecer estas viviendas en suelo no urbanizable. Aparte de la
capital, abundan también en Baeza, Úbeda, Cazorla, Quesada o La Iruela.
El decreto de regularización aprobado contempla
mecanismos para la legalización o el reconocimiento de estas viviendas,
en el marco de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y en
función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.
En resumen. Las viviendas que tengan los servicios
básicos (luz, agua y depuración, sobre todo) se podrán legalizar como
una parte más de la ciudad. Para las que no tengan estos servicios, que
son la gran mayoría, estará la figura jurídica de vivienda 'asimilada a
la de fuera de ordenación', es decir, que no serán legalizadas - al
menos hasta que no tengan los servicios, pagados por los propietarios - ,
aunque se reconocerá su existencia. Ello permitirá a sus dueños obtener
la licencia de primera ocupación e inscribir el bien en el Registro de
la Propiedad. En otras palabras, tener existencia jurídica y abandonar
el limbo. Figura que no se podrá aplicar a la minoría restante por estar
en zonas inundables o en suelos protegidos, es decir, por estar en
situación de ilegalidad.
Los Puentes
De ahí que ayer saliera a la palestra el presidente de la
Unidad de Gestión Vecinal Puentes de Jaén, Antero Jiménez, para
rechazar el decreto por «perjudicial» para los cuatro núcleos
residenciales (Puente Nuevo, Puente Tablas, Puente de la Sierra y Puente
Jontoya), según declaró a Europa Press.
Tras una primera lectura lo tachó de «demasiado general».
«Todo el Puente de la Sierra sería inundable sin entrar a analizar qué
partes lo son realmente, que era en lo que se estaba trabajando con el
nuevo deslinde y el encauzamiento», comentó. «Si antes las viviendas
eran alegales, es decir, estaban fueran de regulación, ahora las
convierte directamente en ilegales, con lo que viene a agravar la
situación», dijo.
También señaló que el decreto es un «atentado a la
autonomía municipal», ya que, en su opinión, «deben ser los
ayuntamientos» los que atiendan la situación de estas construcciones e
incorporarlas al PGOU. Y consideró «insultante» que «se toma a todos por
infractores». «Dice que los gastos (de urbanización) correrán a cargo
de los infractores. Por lo visto, lo somos todos. Puede haber algunos
que lo sean, pero, por ejemplo, el Puente de la Sierra, con huertas y
casas, existe antes de que los redactores de la norma hubieran nacido»,
añadió Jiménez, quien no obstante habló de analizar más en profundidad
el decreto.
«Que lo lea bien. No creemos alarma. El decreto mejora la
situación porque regula y clarifica», contestó el delegado de Obras
Públicas, quien anunció la celebración de unas jornadas de trabajo para
la semana que viene, a la que invitarán a todos los alcaldes y a los
representantes vecinales, para que técnicos y responsables de su
consejería explique el decreto aprobado ayer.
Rafael Valdivielso añadió que el mismo será una
herramienta para que el Ayuntamiento pueda regularizar. De hecho, dijo,
los consistorios tendrán que determinar si las viviendas tienen unas
condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Aunque quiso dejar
claro que no se trata de una legalización indiscriminada y que «lo que
sea ilegal seguirá siendo ilegal», en referencia a aquellas viviendas
construidas en terreno inundable o protegido (cultural o medio
ambientalmente).
La consejera
«En muchos casos la viviendas eran ilegales, pero el
delito ya ha prescrito, por lo que el decreto supone un ejercicio para
adaptar la realidad física a la jurídica. Se trata de acotar un fenómeno
del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años», declaró
en Sevilla la consejera de Obras Públicas.
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