El Gobierno valenciano se niega a precisar la cuantía de la ayuda solicitada y las contrapartidas
Una autonomía asfixiada por el cierre de los mercados financieros desde hace un año
El vicepresidente y portavoz del Consell,
José Ciscar, durante una rueda de prensa sobre los recortes y medidas de
austeridad. / CARLES FRANCESC
La valenciana es la primera comunidad autónoma que solicita el
rescate al Gobierno. El Consell ha puesto hoy en marcha la solicitud al
aprobar formalmente su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)
previsto por el Gobierno para que las autonomías puedan atender sus compromisos financieros ante la falta de liquidez de los mercados.
Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, tras la reunión semanal del Gobierno que preside Alberto Fabra. Ciscar no ha precisado la cuantía, pese a que en la última semana han surgido especulaciones que hablan de 3.000 millones de euros, aunque sí ha reconocido que la cantidad que se solicitará al Ministerio de Hacienda será para hacer frente a pagos pendientes, como la factura farmacéutica, además de afrontar vencimientos de préstamos.
Tras la rueda de prensa del Consell, José Ciscar ha afirmado en un tuit: "La Comunidad Valenciana no ha tenido ningún rescate. Se acoge a un mecanismo de financiación al que acudirán más comunidades autónomas en los próximos días, sin más ajustes".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha negado inicialmente esta tarde. "No sé de dónde sale eso", ha dicho. Pocos minutos después, ha reconocido que se trata de la solicitud de adhesión al mecanismo de liquidez aprobado para facilitar a las comunidades autónomas su financiación y que "obligará a nuevas condiciones" a la Comunidad Valenciana.
La Generalitat insiste en que no se trata de un rescate porque mantiene su autonomía sobre las decisiones económicas de la administración valenciana, aunque admite que el Ministerio de Hacienda solicitará el cumplimiento de las condiciones previstas en el mencionado fondo de adhesión. En una nota posterior, insiste en que, ante "las falsas informaciones aparecidas hoy" en algunos medios de comunicación, la Comunitat Valenciana "no ha pedido ningún rescate".
El ejecutivo valenciano, añade la nota, "lamenta el interés de algunos sectores de la sociedad por desprestigiar constantemente a la Comunidad Valenciana, que sigue trabajando para continuar reduciendo el déficit público y contribuir con ello a que España pueda cumplir su objetivo".
La decisión de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica es previa para que la Comunidad Valenciana pueda ser rescatada por el Gobierno que, a cambio, incrementará la tutela sobre las cuentas de la Generalitat y, previsiblemente, obligará al Consell a adoptar nuevos sacrificios.
Ciscar ha admitido que el Gobierno valenciano tendrá que informar mensualmente al Ministerio de Hacienda de sus operaciones financieras. El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, no ha comparecido tras la reunión del Consell y ha sido el portavoz el único que se ha sometido a las preguntas.
Císcar ha asegurado que esta adhesión no implicará "nuevos ajustes en 2012" y ha explicado que lo que está previsto es "el cumplimiento estricto" del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de abril, y que garantiza que no se superará el límite del 1,5 por ciento del déficit.
El Consejo de Ministros creó el pasado 13 de julio este fondo, que cuenta con un importe de 18.000 millones de euros y se trata de un mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.
La Comunidad Valenciana ha sido una de las más castigadas por el cierre de los mercados financieros en el último año. Desde que el pasado mes de diciembre tuvo que pedir ayuda al Gobierno central para afrontar un vencimiento de un crédito de 123 millones de euros del Deustche Bank, La Generalitat valenciana se ha convertido en la primera autonomía que se ha acogido a todos los fondos dispuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar que las regiones cayesen en una situación de quiebra técnica.
La falta de liquidez para afrontar el crédito del Deustche Bank en diciembre, que no quiso renovar el préstamo, obligo al Gobierno a adelantar parte de las transferencias previstas para el primer trimestre de este año. A raíz de esta situación, se dispararon todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda, que tuvo que arbitrar una línea de crédito con la que cubrir los vencimientos de los créditos a los que no podían hacer frente las autonomías.
El Consell, que preside Alberto Fabra, fue uno de los primeros Ejecutivos autonómicos en acogerse a citado plan y el pasado mes de enero pidió 1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar vencimientos. Una cantidad que pronto se demostró insuficiente.Tanto que la Generalitat llegó a ofrecer tipos de interés al 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones de euros a seis meses a inversores institucionales extranjeros. Un tipo superior al que pagaban países rescatados como Grecia y Portugal.
Con los mercados cerrados y la deuda pública de la Generalitat valenciana al nivel del bono basura, según las principales agencias de calificación, los consejeros de Hacienda, José Manuel Vela, y de Economía, Máximo Buch, se vieron abocados a reclamar al Gobierno una ampliación de la línea abierta por el Gobierno y pidieron otros 1.678 millones de euros para aliviar la presión de los bancos.
Para desbloquear la pelota de las deudas pendientes de pago a los proveedores acumuladas en las Administraciones autonómicas, el Gobierno también arbitró un plan especial el pasado mes de abril. Y la Comunidad Valenciana volvió a evidenciar la magnitud de sus problemas de liquidez. La Comunidad Valenciana presentó facturas por importe de 4.069 millones de euros, entre los que incluyó 1.850 millones de gasto sanitario no presupuestado. En total, el 23,6% de los solicitado al Gobierno por el conjunto de las autonomías españolas, y casi el doble que Andalucía.
Este segundo plan, arbitrado la pasada primavera, fue recibido con optimismo por el Ejecutivo de Alberto Fabra, que desbloqueó así facturas pendientes de pago desde hacía más de dos años. Sin embargo, la Generalitat valenciana, tal y como siempre ha dicho el consejero de Hacienda, necesitaba los hispanobonos para normalizar su situación, ya que todavía tiene pendiente la deuda contraída con los ayuntamientos valencianos y las subvenciones a los colectivos que reciben subvenciones o pago de de servicios a través de convenios.
La negativa del Ministerio de Hacienda ha optar por la vía de los hispanobonos y, en vez de ellos, articular un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha puesto a la Comunidad Valenciana en el disparadero, que aceptará las condiciones adicionales que imponga el Gobierno tras haber presentado un duro plan de recortes que incluye la privatización de la toda la gestión no asistencial de la sanidad pública.
Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, tras la reunión semanal del Gobierno que preside Alberto Fabra. Ciscar no ha precisado la cuantía, pese a que en la última semana han surgido especulaciones que hablan de 3.000 millones de euros, aunque sí ha reconocido que la cantidad que se solicitará al Ministerio de Hacienda será para hacer frente a pagos pendientes, como la factura farmacéutica, además de afrontar vencimientos de préstamos.
Tras la rueda de prensa del Consell, José Ciscar ha afirmado en un tuit: "La Comunidad Valenciana no ha tenido ningún rescate. Se acoge a un mecanismo de financiación al que acudirán más comunidades autónomas en los próximos días, sin más ajustes".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha negado inicialmente esta tarde. "No sé de dónde sale eso", ha dicho. Pocos minutos después, ha reconocido que se trata de la solicitud de adhesión al mecanismo de liquidez aprobado para facilitar a las comunidades autónomas su financiación y que "obligará a nuevas condiciones" a la Comunidad Valenciana.
La Generalitat insiste en que no se trata de un rescate porque mantiene su autonomía sobre las decisiones económicas de la administración valenciana, aunque admite que el Ministerio de Hacienda solicitará el cumplimiento de las condiciones previstas en el mencionado fondo de adhesión. En una nota posterior, insiste en que, ante "las falsas informaciones aparecidas hoy" en algunos medios de comunicación, la Comunitat Valenciana "no ha pedido ningún rescate".
El ejecutivo valenciano, añade la nota, "lamenta el interés de algunos sectores de la sociedad por desprestigiar constantemente a la Comunidad Valenciana, que sigue trabajando para continuar reduciendo el déficit público y contribuir con ello a que España pueda cumplir su objetivo".
La decisión de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica es previa para que la Comunidad Valenciana pueda ser rescatada por el Gobierno que, a cambio, incrementará la tutela sobre las cuentas de la Generalitat y, previsiblemente, obligará al Consell a adoptar nuevos sacrificios.
Ciscar ha admitido que el Gobierno valenciano tendrá que informar mensualmente al Ministerio de Hacienda de sus operaciones financieras. El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, no ha comparecido tras la reunión del Consell y ha sido el portavoz el único que se ha sometido a las preguntas.
Císcar ha asegurado que esta adhesión no implicará "nuevos ajustes en 2012" y ha explicado que lo que está previsto es "el cumplimiento estricto" del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de abril, y que garantiza que no se superará el límite del 1,5 por ciento del déficit.
El Consejo de Ministros creó el pasado 13 de julio este fondo, que cuenta con un importe de 18.000 millones de euros y se trata de un mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o bien de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.
La Comunidad Valenciana ha sido una de las más castigadas por el cierre de los mercados financieros en el último año. Desde que el pasado mes de diciembre tuvo que pedir ayuda al Gobierno central para afrontar un vencimiento de un crédito de 123 millones de euros del Deustche Bank, La Generalitat valenciana se ha convertido en la primera autonomía que se ha acogido a todos los fondos dispuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar que las regiones cayesen en una situación de quiebra técnica.
La falta de liquidez para afrontar el crédito del Deustche Bank en diciembre, que no quiso renovar el préstamo, obligo al Gobierno a adelantar parte de las transferencias previstas para el primer trimestre de este año. A raíz de esta situación, se dispararon todas las alarmas en el Ministerio de Hacienda, que tuvo que arbitrar una línea de crédito con la que cubrir los vencimientos de los créditos a los que no podían hacer frente las autonomías.
El Consell, que preside Alberto Fabra, fue uno de los primeros Ejecutivos autonómicos en acogerse a citado plan y el pasado mes de enero pidió 1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar vencimientos. Una cantidad que pronto se demostró insuficiente.Tanto que la Generalitat llegó a ofrecer tipos de interés al 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones de euros a seis meses a inversores institucionales extranjeros. Un tipo superior al que pagaban países rescatados como Grecia y Portugal.
Con los mercados cerrados y la deuda pública de la Generalitat valenciana al nivel del bono basura, según las principales agencias de calificación, los consejeros de Hacienda, José Manuel Vela, y de Economía, Máximo Buch, se vieron abocados a reclamar al Gobierno una ampliación de la línea abierta por el Gobierno y pidieron otros 1.678 millones de euros para aliviar la presión de los bancos.
Para desbloquear la pelota de las deudas pendientes de pago a los proveedores acumuladas en las Administraciones autonómicas, el Gobierno también arbitró un plan especial el pasado mes de abril. Y la Comunidad Valenciana volvió a evidenciar la magnitud de sus problemas de liquidez. La Comunidad Valenciana presentó facturas por importe de 4.069 millones de euros, entre los que incluyó 1.850 millones de gasto sanitario no presupuestado. En total, el 23,6% de los solicitado al Gobierno por el conjunto de las autonomías españolas, y casi el doble que Andalucía.
Este segundo plan, arbitrado la pasada primavera, fue recibido con optimismo por el Ejecutivo de Alberto Fabra, que desbloqueó así facturas pendientes de pago desde hacía más de dos años. Sin embargo, la Generalitat valenciana, tal y como siempre ha dicho el consejero de Hacienda, necesitaba los hispanobonos para normalizar su situación, ya que todavía tiene pendiente la deuda contraída con los ayuntamientos valencianos y las subvenciones a los colectivos que reciben subvenciones o pago de de servicios a través de convenios.
La negativa del Ministerio de Hacienda ha optar por la vía de los hispanobonos y, en vez de ellos, articular un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha puesto a la Comunidad Valenciana en el disparadero, que aceptará las condiciones adicionales que imponga el Gobierno tras haber presentado un duro plan de recortes que incluye la privatización de la toda la gestión no asistencial de la sanidad pública.
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