La juez, además, señala el "amplio entramado de sociedades pantalla" creado supuestamente por Lanzas y sus colaboradores
28.03.13 - 17:08 - EUROPA PRESS | SEVILLA
La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta
administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los
fondos de la Junta de Andalucía, sostiene en uno de sus últimos autos
que el exsindicalista jienense Juan Lanzas, actualmente en prisión
provisional a cuenta de su papel en los hechos, obtuvo un total de
492.665 euros a cuenta del rol jugado en los expedientes de regulación
de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a
los fondos autonómicos. El descubrimiento de una petición de comisiones
ilegales a manos de dos exdirectivos de Mercasevilla, por cierto, marcó
el comienzo de esta macroinvestigación.
La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama
de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de
regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y
financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos
autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social
y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los
últimos años, la segunda de las instituciones habría librado
directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de
empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente
ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir
supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la
investigación.
Prejubilaciones fraudulentas
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido
financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y
la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de
regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas
relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como
consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el
exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de
Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en
prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y
Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el
ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio
Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los
exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre
muchos otros.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese
sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas
intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de
las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados
expedientes de regulación de empleo. La juez Alaya, en ese sentido,
sostiene que "la clave" de la trama reside en "las sobrecomisiones, en
algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras" encargadas de
los cálculos y aspectos técnicos de las citadas pólizas, porque de ellas
"se surte cada interviniente" en la trama.
"Sociedades pantalla"
La juez Mercedes Alaya, además, señala el "amplio entramado
de sociedades pantalla" creado supuestamente por Lanzas y sus
colaboradores para cobrar el dinero correspondiente a estas
sobrecomisiones. En ese sentido, en el auto mediante el que la juez
ordenó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Juan Lanzas,
recogido por Europa Press, Alaya dedica un capítulo a los dos
expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por
Mercasevilla. Como se recordará, en el primero de ellos figuraba la
prejubilación de Carmen Fontela, quien jamás había trabajado en
Mercasevilla, si bien esta mujer ajena a la empresa no disfrutó
finalmente de la póliza de seguro de rentas.
Ya en el expediente de regulación de empleo de 2007,
sometido a un intenso conflicto al desvincularse la Junta de Andalucía
de su financiación por no haber seguido la canalización administrativa,
fue plenamente prejubilado Antonio Garrido Santoyo, un miembro de la
ejecutiva local socialista de Baeza (Jaén) que nunca jamás trabajó para
la sociedad gestora de la lonja hispalense. Pues bien, en este citado
auto de orden de ingreso en prisión para Juan Lanzas, la juez explica
que en ambos ERE "intervino Juan Lanzas".
Los "buenos contactos" de Lanzas
Según desgrana en su auto, Francisco Javier González,
agente comercial de Vitalia, habría aprovechado en 2003 su "buena
relación" con el presidente del comité de empresa de Mercasevilla,
Rafael Domínguez (CCOO), para acercase al entorno de Mercasevilla y
"plantear un ERE para rejuvenecer a la plantilla". Tras haber acordado
este aspecto con Fernando Mellet y Daniel Ponce, entonces al frente de
Mercasevilla, les "remitió" a Lanzas a la hora de buscar la financiación
de la Junta de Andalucía "dados sus buenos contactos" con la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco
Javier Guerrero.
Tras haber obtenido la financiación de la Junta de
Andalucía gracias a Lanzas, siempre supuestamente, Mercasevilla promovió
el mencionado ERE y "pagó los honorarios a Juan Lanzas mediante cinco
transferencias a Juan Francisco Algarín, en la cuenta de éste en la Caja
Rural", con lo que Algarín habría actuado como testaferro de Lanzas.
Por lo que se refiere al ERE de 2007, Mercasevilla encargó la búsqueda
de financiación pública a la sociedad 'Maginae Solution', cuyo
administrador único es Ismael Sierra, cuñado por cierto de Juan Lanzas.
La prejubilación de Garrido Santoyo
Juan Lanzas, según concluye la juez, habría cobrado de las
arcas de Mercasevilla 492.665 euros, toda vez que Alaya le atribuye
además la prejbilación fraudulenta de Antonio Garrido Santoyo, quien
como Lanzas había pertenecido a UGT. "La inclusión de Garrido Santoyo
habría sido promovida por Lanzas por sus relaciones personales y de
afinidad política", señala la juez Mercedes Alaya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario