15.03.13 - 12:41 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, reclama al PP 905.000
euros por “despido improcedente”, según la documentación aportada al
Juzgado de los Social número 15 de Madrid, que tramitará la demanda del
imputado de Gürtel.
Esa cantidad, según los cálculos del extesorero, es la
justa después de 31 años en plantilla, basada en que tendría derecho a
cobrar 42 mensualidades brutas. El grueso de la cifra corresponde a esas
mensualidades, pero Bárcenas, que llegó a cobrar casi medio millón de
euros al año durante los últimos tiempos en plantilla del PP, también
suma 10.600 euros en otros conceptos.
Ante esta demanda el PP siempre tiene la opción de
readmitir a Bárcenas en su anterior puesto de trabajo, cosa harto
improbable, pero que es decisión del partido, porque se trata de una
demanda por despido improcedente y no una reclamación de nulidad del
despido. Y hay una última opción para que el partido pueda ahorrarse esa
cifra, que se sumaría a los más de 30 millones de euros que Bárcenas
amasó en cuentas Suiza. Que los populares puedan probar ante un tribunal
que no hubo una relación laboral hasta el pasado enero y que todo era
un finiquito diferido con pago a la Seguridad Social e IRPF, una figura que no existe en la actual legislación por mucho que defiendan su legalidad desde la formación.
Sostener esta tesis se hace casi imposible: el pasado 31 de
enero el PP dio de baja en la Seguridad Social al imputado por
«despido», según revelaron técnicos de la administración. «Y solo se
puede despedir a una persona contratada», apostillan, aunque sea obvio.
La decisión no está tomada, pero ante esta perspectiva los
servicios jurídicos del PP valoran seriamente la posibilidad de avenirse
a un acuerdo de conciliación con Luis Bárcenasque ahorre al partido un
juicio mediático en los tribunales de lo Social y extender durante meses
la polémica por la turbia relación laboral
que ha unido al extesorero con la formación política durante los
últimos tres años. No obstante, esos mismos especialistas jurídicos del
partido son conscientes de que cualquier posible pacto podría saltar por
los aires si Trabajo decide investigar si hubo irregularidades en esa
relación «simulada» o «finiquito diferido», como lo definen los
dirigentes de Génova 13.
El PP quiere a toda costa evitar una vista oral (y pública)
en la que Bárcenas tenga audiencia para lanzar una nueva andanada, pero
para el partido hay dos escollos importantes para ese acuerdo. El
primero es que las pretensiones económicas de Bárcenas (los más de
900.000 euros) son para los populares inasumibles, según han explicado
diferentes fuentes de la formación. Otra cosa -señalan estas mismas
fuentes- es si el extesorero se aviniese a aceptar una cantidad menor,
que esta vez si podría ser prorrateada. A esa cantidad, libre de
impuestos, habría que sumar el salario que ha dejado de percibir desde
enero y la parte proporcional de las extras.
El segundo problema para el PP es que llegar a un acuerdo
de conciliación sobre la premisa de que hubo un despido (sea procedente o
improcedente y sea cual sea la cantidad) sería admitir que hubo un
contrato de relación laboral plena entre marzo de 2010 y enero de 2013 y
que en ningún caso se trató de un «finiquito prorrateado» como arguye
la cúpula de la formación.
Inspección de Trabajo
Desde el PP insisten públicamente en la legalidad de esta
modalidad, pero sus juristas saben que tienen mucho que perder en un
juicio contra Bárcenas, al margen de que todo este embrollo pueda
terminar en una inspección de Trabajo con sanciones para ambas partes
si, tal y como dijo María Dolores de Cospedal, se «simuló» una relación
laboral. Y esa posibilidad, que haría saltar por los aíres cualquier
acuerdo, cada vez parece más cerca.
Hace días, un centenar de funcionarios de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia
Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de
Andalucía presentaron ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra
el Partido Popular por su relación laboral con Bárcenas y las confusas
explicaciones públicas sobre la misma que han dado desde la formación.
La denuncia apuntaba que ese finiquito con relación laboral plena y
cotizaciones es un fraude a la ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. En particular contra su artículo 26, que fija como sanción
«muy grave» el hecho de «actuar fraudulentamente con el fin de obtener
prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar
indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos
falsos o la simulación de la relación laboral».
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